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Sudáfrica ha robado protagonismo internacional al hemisferio norte con la entrada en escena de un equipo de abogados y juristas que han presentado la acusación por genocidio contra el gobierno de Israel en la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas. Una presentación laureada internacionalmente por la calidad y valentía de ir contra la doctrina impuesta por Estados Unidos y la Unión Europea de no etiquetar como verdugo, judicialmente, al estado de Israel por sus acciones militares y sitio contra la población de Gaza.

Entre los miembros de la delegación sudafricana se encontraban tótems jurídicos como el juez Dikgang Moseneke, que ostenta el título de haber sido el preso más joven en la famosa cárcel Robben Island. Un Moseneke de 15 años fue condenado por un tribunal del régimen del Apartheid a 10 años de cárcel, en la misma prisión donde Nelson Mandela pasó 27 años de su cadena perpetua. Fue en esa prisión donde el joven Dikgang inició sus estudios para formarse como abogado, y ya fuera dedicó su carrera profesional a la judicatura para construir una sociedad democrática y justa. Junto a Moseneke, actual jefe de justicia de la república sudafricana, y que actúa como juez especial nombrado por el gobierno de Sudáfrica para este tribunal, aterrizó un equipo de abogados, jóvenes estrellas de la abogacía sudafricana. La acusación de genocidio presentada por un grupo de celebres abogados como Tembeka Ngcukaitobi, quienes están cimentando la nueva jurisprudencia sudafricana desligándola del legado colonial y seguir construyendo un país más justo. Esta estrategia brillante, orquestada por el ministerio de exteriores, busca ofrecer al mundo otra imagen del país y el continente, enraizada en la autoridad moral triunfalista en asuntos de crímenes contra la humanidad.

Nada nuevo para los que conocen de cerca la historia reciente sudafricana. El desarrollo de su estado de derecho se entrelaza con el movimiento de liberación del país. La historia del activismo anti-Apartheid está protagonizada por abogados, jueces y juristas que utilizaron el ejercicio del derecho como instrumento para exponer la barbarie de este régimen jurídico colonial. La abogacía y el centenario movimiento de liberación más antiguo del continente africano, el African National Congress (ANC), siempre han ido de la mano desde su fundación. 

El partido que gobierna Sudáfrica desde su democratización en 1994, el ANC, tiene en la disciplina del derecho una de sus señas de identidad. No sólo el sudafricano más conocido, Nelson Mandela, empezó su carrera profesional como abogado, sus mentores dentro del partido, Walter Sisulu y Oliver Tambo, fueron sus colegas de profesión. Todos ellos recorrían el camino pavimentado por los primeros líderes de la causa africana y fundadores de la organización política.

Entre los líderes pioneros de la causa africana, contra la administración colonial inglesa, se encontraba Pixley Ka isaka Seme, un abogado formado en Reino Unido que cimentó el nacionalismo africano. Pixley consiguió unir a los distintos pueblos africanos habitantes en el territorio en la lucha por la defensa de sus intereses bajo la administración colonial inglesa. La creación de la administración autónoma, pero bajo la autoridad de la corona del Reino de Inglaterra, de la Unión de Sudáfrica en 1910 fue un reactivo jurídico que movilizó a los pueblos nativos. En esta nueva realidad administrativa colonial se restringía el derecho al sufragio y propiedad de la población “nativa”, es decir a toda la población africana. La llamada de Pixley fue escuchada y se tradujo en la formación de la organización política, el ANC, en 1912. 

El nacimiento del ANC proveyó a la mayoría de los africanos de un nuevo liderazgo unificado que articuló sus peticiones, y liderará su resistencia contra la desposesión y exclusión dentro de la nueva administración colonial inglesa. Pero no será hasta las elecciones generales de 1948, cuando se instauró el régimen Apartheid. El partido ganador, National Party, formó un gobierno nacionalista afrikáner que no tardó en poner en práctica, y sobre papel, su ideal estado segregado racialmente, distinguiendo a la población entre blancos, y no blancos. Etiquetando a la población no blanca como Coloured (mestizos), Black Africans (africanos negros), e Indian (indios). A pesar de que la segregación social siempre estuvo presente desde los inicios de la colonización holandesa, y la jurídica desde la instauración de la Unión por el Reino Unido, el partido de los nacionalistas afrikáner fue el propulsor de una vasta legislación encaminada a separar jurídicamente las diferentes razas que convivían en el país. 

El Apartheid fue un sistema de división racial que ordenaba cada uno de los aspectos de la vida social en Sudáfrica. Desde el nacimiento se inscribía a los individuos dentro de un grupo racial que determinaba su residencia, colegios, universidades, trabajos, espacios públicos, matrimonios, zonas de residencia, etc… Leyes como Population Registration Act de 1950 recopilaba toda la población en el país, identificando a cada persona dentro de un grupo racial particular. La ley Group Areas Act de 1950 estipulaba exclusivas áreas de residencia para los diferentes grupos raciales. La ley Natives Act de 1952 requirió a todos los africanos negros ir provistos siempre de un Reference Book conocido como “pases”, una especie de pasaporte que limitaba el movimiento libre de la comunidad africana negra en diferentes áreas del país. Sin esos pases, una persona no blanca podía ser arrestada. 

En esos primeros años de desarrollo del sistema jurídico que sustentó el régimen del Apartheid, los sucesivos líderes del ANC ejercieron su activismo en los tribunales. Eligieron utilizar el derecho aplicado por el Apartheid para exponer sus debilidades e irracionalidad. Proveyeron asistencia legal a los africanos vulnerables, desafiando a la legislación que ordenaba sus vidas bajo opresión. El movimiento de liberación entendió que la práctica de la abogacía, bajo un sistema opresor, era paliativa. No tenía como objetivo alterar las relaciones de poder en la sociedad. Pero permitió al abogado activista un espacio para demostrar a todos, clientes y público, que el derecho del Apartheid era represión codificada. Los juicios se convirtieron, no sólo en movilizaciones masivas de resistencia, sino también en escenificaciones de contestación política e ideológica. El acusado y su abogado reivindicaban el tribunal para exponer sus nociones superiores de racionalidad y justicia. Y con ello la inherente contradicción de la aplicación del derecho en un régimen autoritario.

Tras el fracaso de las apelaciones judiciales a las distintas leyes aprobadas por el Gobierno del National Party para extender jurídicamente el sistema de segregación racial, el ANC, bajo el liderazgo de Alfred Bitini Xuma, viró hacia posturas más radicales promovidas por las juventudes del partido. Oliver Tambo y Nelson Mandela ejercieron la abogacía durante sus primeros años en la firma legal que ambos crearon, pero pronto abandonaron el camino legalista y no violento establecido por los fundadores del partido. Así, entendieron que la revolución y liberación del país debía seguir un nuevo camino belicista. Tras la formación del brazo militar del ANC en 1961. Oliver Tambo fue forzado al exilio durante tres décadas, desde donde lideró la lucha por la liberación del país. Mientras, Nelson Mandela terminó condenado a cadena perpetua y a pasar casi tres décadas en la prisión de Robben Island.

La liberación llegó en 1994. Y el derecho democrático pasó a estar en el primer plano del país. La constitución de la república sudafricana es tipificada como una de las más progresistas del mundo, además de ser el marco de unión en que todas las comunidades que habitan en el país se identifican y encuentran comunión. La jurisprudencia sudafricana de los últimos 30 años ensalza la reconciliación nacional y la restitución, tras un legado colonial de más de 340 años. 

No. No es una sorpresa que sea el gobierno de Sudáfrica el que haya dado un paso hacia adelante para forzar jurídicamente la deslegitimación internacional del sitio de Gaza por el gobierno israelí. Es parte del legado jurídico de un movimiento de liberación nacido en el sur de África para los pueblos oprimidos.