Ya han pasado tres años desde la publicación del informe final de la Comisión Judicial de investigación, presidida por el Juez Raymond Zondo, sobre la corrupción en la administración sudafricana. Corruptelas en todos los niveles de la administración, que es conocida como la captura del estado. Durante varios años, oportunistas varios identificaron debilidades en la cadena de comando y decisión administrativa, que procesa licitaciones públicas, para llenarse los bolsillos con dinero público. En esa comisión judicial, conocida popularmente como la Comisión Zondo, se puso bajo la luz del tipógrafo los entresijos de los conflictos de interés y el abuso de las arcas públicas por oficiales de la administración, en los rangos superiores e inferiores. Los testimonios y documentos fueron abundantes y escalofriantes. Todavía, hoy, los efectos de esa borrachera de corrupción y erosión de los instrumentos para controlar el pillaje de la administración se sienten y colean en el país.
Tres años han pasado y otro caso de colusión centre criminalidad y administración ha sacudido la sociedad sudafricana. Esta vez ha tocado a uno de los pilares de cualquier sociedad democrática: el que debe garantizar la seguridad de sus ciudadanos contra los villanos criminales. El comisario jefe de la policía provincial de Kwazulu Natal, Nhlanhla Mkhwanazi, convocó una rueda de prensa, el pasado mes de julio, para denunciar públicamente la connivencia de criminales de organizaciones criminales nacionales e internacionales con altos cargos del cuerpo policial, algunos miembros del sistema judicial y algunos diputados. Algunos nombres fueron mencionados en esa rueda de prensa, uno en especial. El ministro de la policía, Senzo Mchunu.
El Presidente de la República , Cyril Ramaphosa, recién llegado de la cumbre de los BRICS en Brasil, se dirigió a la nación para anunciar la baja temporal del ministro de policía y el nombramiento de una comisión judicial de investigación sobre las alegaciones realizadas por Mkhwanazi contra algunos segmentos de los cuerpos de seguridad y judicial.
Algunas críticas sobre la vocación comisionista del gobierno del ANC se oyeron en la plaza pública. Hay que darle al botón de rebobinar para entender el papel de las comisiones independientes en el legado histórico de esta organización, con un siglo de existencia en el continente africano. Una de sus prominentes personalidades, Kader Asmal, que contribuyó en el diseño institucional actual de la nueva Sudáfrica democrática, en su biografía “Politics in My Blood” nos recuerda el uso de las comisiones independientes para luchar contra el abuso de poder y la violación de los derechos humanos dentro de las propias filas del movimiento de liberalización, ya por los años 80 y 90.
El movimiento de liberalización estableció diferentes comisiones de investigación sobre las alegaciones de abusos de los derechos humanos en sus centros y campos de entrenamiento militar en el exilio adscritos al brazo armado Umkhonto weSizwe (MK). La primera de ellas, la Comisión Stuart, en su informe final a la ejecutiva del ANC en 1984, relataba actos de violación de los derechos humanaos en el tratamiento dado a soldados y sospechosos de ser agentes del régimen del Apartheid y detenidos por los agentes de seguridad del ANC.
Las recomendaciones de esta primera comisión desembocaron en una conferencia nacional en 1985, celebrada en la ciudad de Kabwe en Zambia. Los temas centrales debatidos fueron la rendición de cuentas y supervisión de los campos militares de MK. En esta conferencia se adoptó el Código de Conducta al que todo miembro del ANC estaba obligado. En el que se estipulaba que: “si luchamos por el derecho a la justicia en nuestra tierra, tenemos que garantizar en todo momento y lugar que la justicia se aplica dentro de nuestra organización. Nuestros miembros y pueblo de Sudáfrica y el mundo debe conocer y sentir que para nosotros la justicia es no un simple ideal sino el principio fundamental que gobierna nuestras acciones. De acuerdo con ello, tenemos que actuar en todo momento justamente dentro de nuestras filas, entrenar a nuestro pueblo en los procesos de justicia y establecer el embrión de un nuevo sistema de justicia que implementaremos en una Sudáfrica liberada ”.
Años más tarde, durante la transición democrática, una nueva ola de acusaciones contra el comportamiento inhumano de algunos elementos dentro del movimiento de liberalización condujo al establecimiento de una nueva comisión. En 1993, Nelson Mandela ya presidente del ANC, designó, en el mes de enero de ese año, una comisión de investigación para investigar las alegaciones de miembros del ANC actuando en contra del código de conducta y recomendar procesos disciplinarios a aplicar en los cuadros identificados. Esta comisión fue distintiva en su composición, por tres personalidades independientes del partido (Sam Motsenyane, David Zamchiya y la juez Margaret Burnham), y en la transparencia de su proceso abierto al público y medios de comunicación. El informe final de esta comisión presentada a la ejecutiva del ANC en agosto de ese mismo año, reconocía la importancia de este mecanismo de rendición de cuentas que el partido activó con las siguientes palabras “este es un evento histórico ya que es la primera vez que un movimiento de liberación ha encomendado a una comisión independiente a revisar el comportamiento de sus filas.”.
Es julio de 2025, y el ANC continúa con la tradición de nombrar comisiones independientes que siguen el patrón de las comisiones establecidas en los años 80 y 90. Independientes y transparentes, que junto a otros órganos estatales, pongan luz a la caja oscura donde acontece los abusos de poder y la corrupción dentro de la administración. Y esperar una transformación en la cultura del poder que evite el exceso de su ejercicio.
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